El Ministerio de Fomento vigila una posible alianza entre las aerolíneas para encarecer los precios de los vuelos entre Canarias y la Península, especialmente tras el cese de las operaciones de Spanair en enero. Si hay coincidencia en los importes de los billetes lo denunciará "con firmeza" ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que impone multas cuantiosas para este tipo de prácticas que vulneran la normativa, al contravenir la libre competencia.
La portavoz de CC-NC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, destacó que en la próxima convocatoria de la Comisión Mixta de Transportes entre el Ministerio y el Gobierno de Canarias se analizarán los datos para comprobar "si ha habido acuerdo entre las compañías para subidas", un estudio que Fomento ya está llevando a cabo. También el subsecretario de Estado del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, admitió ayer que Fomento "vigila" estrechamente la evolución de los precios de las aerolíneas por si pudiera darse "una concertación" de precios, lo que daría lugar a sanciones.
No sería la primera vez que las compañías aéreas se ven acusadas y condenadas a fuertes sanciones por ese tipo de prácticas. Las principales aerolíneas que trabajan en el tráfico Canarias-Península ya fueron sancionadas a finales de los años noventa del siglo pasado por esta razón.
Observatorio
Un observatorio de precios creado por el departamento estatal ha detectado que en determinados días, sobre todo en Carnaval y Semana Santa, se han registrado subidas en los importes de los billetes entre un 14 y un 77 %. La portavoz nacionalista incidió en que "Fomento no va a consentir ningún tipo de políticas por las compañías que afecten a la competencia".
Las aerolíneas que operan en Canarias rechazan, por su parte, que exista dicho acuerdo y atribuyen la escalada de precios al "tirón" de los precios del combustible. Fuentes de Air Europa reconocieron un aumento en sus tarifas del 4 % desde Barcelona y del 6 % desde Madrid hacia Canarias, defendieron que sus tarifas son "transparentes" y las desligaron de la marcha de Spanair. Además, las mismas fuentes negaron la intención de la compañía de ocupar algunos de los 3.065 slots (derechos de vuelos) que quedaron abandonados por Spanair, en tanto que de sus 4.500 slots liberados han sido asignados sólo 1.435 hasta la fecha. Mientras, Ryanair defendió su búsqueda de costes de operación bajos para trasladarlos a los precios de los billetes, y remarcó que su programación para el verano ya está cerrada.
Algunas aerolíneas consultadas dejaron caer la posición de "privilegio" que tenía Spanair, financiada por la Generalitat de Cataluña, para fijar el precio de los billetes con la "libertad" de una empresa subvencionada, que, por tanto, no está sometida a los mismos costes de explotación que el resto de aerolíneas.
Un "arma" para combatir las subidas en los precios que merman la conectividad de Canarias con la Península es la declaración de Obligación de Servicio Público (OSP) del transporte aéreo. La propia Ana Oramas alegó que tras la quiebra de Spanair hay menos plazas disponibles y alzas "importantes" en los precios. Matizó que "en este momento no se reúnen todas las condiciones para la obligación de servicio público", una herramienta que "también tiene otras consecuencias porque restringe la libertad de mercado", admitió.
La OSP garantiza, por un lado, la conectividad para "casos excepcionales", pero también supone la regulación del mercado y la "restricción de la competencia", una medida "contraproducente", según expertos en tráfico aéreo y economistas. La profesora de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y responsable del área de Economía del Transporte en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en Madrid, Ofelia Betancor, considera que "es totalmente desacertada" la hipotética decisión de activar la declaración de servicio público en las rutas que conectan las Islas con el territorio peninsular.
Explicó que la declaración de OSP es una cláusula de salvaguarda que tiene la normativa europea para "casos excepcionales con demandas débiles donde hay que asegurar las conexiones". "Simplemente hay que dejar que el mercado funcione", apostilló. Para esta especialista, sobre todo en la conexión con la Península constituiría "volver al pasado innecesariamente cuando al mercado hay que darle tiempo para que se ajusten los precios".
El presidente de la patronal turística de Las Palmas, Fernando Fraile, acusó a las compañías de aprovecharse de la situación para "hacer caja".
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