España tiene una relación muy singular con las infraestructuras de transporte. En 1795, en su Informe sobre la Ley Agraria, pedía Gaspar Melchor de Jovellanos “que no se gaste más en carreteras generales, sino en caminos locales y…que el poco dinero disponible se gaste con criterio utilitario y no con miras a la ostentación”. No en vano, las grandes carreteras radiales ejecutadas por Carlos III para conectar Madrid con toda la península habían arruinado a la Hacienda de la Corona, que financiaba tales carreteras radiales, pero no el resto. Y fue decisivo para la ruina de la Hacienda de Isabel II el desarrollo de la ley de ferrocarriles de 1855, que impuso el diseño radial del ferrocarril y el apoyo financiero para las grandes líneas troncales convergentes en Madrid. La comisión especial designada para evaluar esta política declaraba en su Memoria de 1867 que la inflación de oferta creada por las subvenciones públicas había sido tal que la red creada en España estaba muy por encima de lo que correspondía a un país de su población, riqueza y actividad económica, y que era insostenible con los recursos disponibles: “casi todas las líneas férreas han recibido subvención ocasionado gravámenes al Tesoro, que
cargan pesadamente sobre el país, y ocasionando, a pesar de todo, el deplorable estado financiero en que las compañías se encuentran”.
Ahora, cual reo del síndrome de Sísifo, España se halla otra vez en su encrucijada tradicional. El país con más alta velocidad del Mundo (tras China), con las más espectaculares catedrales aeroportuarias de Occidente, y con una red de autopistas cuya densidad solo supera Portugal en Europa se enfrenta a la dura realidad: un uso extremadamente bajo de esa oferta (¡la oferta ya casi no crea demanda!) y crecientes problemas financieros para pagar una política que no ha pensado las infraestructuras en términos de transporte; es decir de bienestar de los ciudadanos y productividad económica. Por el contrario, se ha seguido la tradición de su uso como instrumentos de construcción nacional y, además, de imagen de marca de un país inseguro de sí mismo (ay, las apariencias…). El AVE es por derecho propio el paradigma de esa política: esa tozudez tan castiza en mantener los planes de AVE de Madrid a todos lados –al coste que sea y aunque no haya demanda-, y ese engreimiento que da clases de modernidad al mundo mundial…que asiste pasmado al cóctel español de AVE para todos y recortes en sanidad y educación. Hora pues de recuperar a Jovellanos: “que el poco dinero disponible se gaste con criterio utilitario y no con miras a la ostentación”. ¿O ahora tampoco?
No hay comentarios:
Publicar un comentario