El órgano que hará de árbitro para vigilar la política de tarifas aeroportuarias en Barajas y El Prat, e intervendrá si los operadores privados son incapaces de consensuarla con sus clientes, va tomando forma. El Consejo de Ministros aprobó el viernes, mediante real decreto-ley, la puesta en marcha de la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria.
Su tarea será "velar por la objetividad, no discriminación, eficiencia y transparencia de los sistemas de establecimiento y revisión de las tarifas aeroportuarias", según explicó el Ministerio de Fomento el viernes. Este mandato resulta clave en el actual contexto, en que está avanzado el proceso de privatización de la gestión de las plazas de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
La actualización de los precios en ambos aeropuertos será anual y dependerá de las negociaciones entre sus operadores y las aerolíneas que utilizan la infraestructura. La concesión por 20 años sale con unas tarifas de partida, que son los de 2011, y con la actualización durante 2012 y 2013 ya establecida: IPC más cinco puntos, en virtud de lo que establece la Ley 1/2011.
Recuperación de la inversión
Los consorcios que acudan a ambos concursos deberán poner sobre la mesa un pago mínimo inicial de 3.100 millones por Barajas y de 1.400 millones por El Prat. De forma adicional irán pagando a Aena Aeropuertos un canon anual a lo largo de la vida del contrato.
La forma de recuperar esas inversiones se articula a través de los ingresos por actividades con tarifas reguladas (aterrizaje, pasajeros o seguridad) y por otras con precio libre (espacios comerciales, desarrollo inmobiliario, publicidad, etcétera).
Solo en caso de que no hubiera acuerdo en el marco de las tarifas reguladas entraría en acción la nueva Comisión de Regulación Económica Aeroportuario, para que "los posibles desacuerdos sean resueltos de forma neutral, ágil y transparente, de acuerdo a principios de regulación económica internacionalmente reconocidos", citaba el comunicado de Fomento del viernes.
La Comisión partirá con un presidente y dos consejeros, frente a la habitual estructura de siete miembros, por motivos de ahorro. Fomento insiste en su carácter independiente y adelantó que estará formada antes de finales de año, a la vista de que Barajas y El Prat serán entregados al mejor postor en febrero de 2012.
La misión del regulador no acabará en vigilar las actualizaciones y modificaciones tarifarias en Madrid y Barcelona, sino que su responsabilidad se extiende sobre los otros 45 aeropuertos españoles en manos de Aena Aeropuertos.
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