La Cámara de Barcelona quiere un puesto en la sociedad de vigilancia de El Prat

Europa Press
La Cámara de Comercio de Barcelona quiere representar al miembro correspondiente a la sociedad civil y mundo empresarial en la sociedad de vigilancia de la concesionaria de El Prat, según ha informado en un comunicado.
   Ha considerado que le corresponde la representación de este último miembro por su naturaleza de corporación de derecho público que tiene como función principal "defender los intereses generales de las empresas y el fomento del comercio y la industria" y por el liderazgo y el compromiso demostrado con el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona (CDRA).
   Ha pedido al Ministerio de Fomento la "completa definición" de las funciones de esta sociedad de vigilancia, y ha defendido que, mientras el proceso de concesión progresa inexorablemente, la concreción del marco regulador para la supervisión y control de la concesionaria sigue sin definirse.
   A su juicio,  este hecho "pone en riego innecesariamente las políticas de promoción económica y desarrollo territorial impulsadas desde el ámbito local".
   De momento, sólo se conoce que esta sociedad de vigilancia y control se creará en el cuarto trimestre de este año e integrará nueve miembros: cuatro nombrados por Aena, dos por la Generalitat, uno para el Ayuntamiento de Barcelona, uno para los consistorios de El Prat, Sant Boi y Viladecans y uno más que representará a la sociedad civil y el mundo empresarial.

REQUISITOS "EXIGENTES"
   Sobre el proceso de concesión, la Cámara ha señalado que el plazo --del 30 de julio al 5 de septiembre-- y los requisitos para acreditar la aptitud técnica y económico-financiera establecidos en esta primera fase son muy "exigentes", lo que hace prever un número muy reducido de candidatos en el proceso.
   Se pide experiencia en gestión de aeropuertos o terminales de aeropuertos con un tráfico total superior a 25 millones de pasajeros con datos de 2010, y en cuanto a la aptitud económico-financiera, los candidatos deberán acreditar unos activos totales en balance por un importe igual o superior a 3.000 millones de euros.
   Como indicación, sólo 53 aeropuertos de todo el mundo superaron un tráfico de 25 millones de pasajeros el año pasado, de los cuales 10 eran europeos --incluidos Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat--.