La crisis de Spanair tiene aún algunos capítulos por escribir. En ella coinciden muchos factores, desde la propia gestión de la cúpula directiva hasta las connotaciones políticas de su potenciación pasando por factores externos que pueden haber influido de alguna manera en el cierre de la aerolínea. “Puede haber habido algún factor deficiente en la gestión que se ha hecho, pero también es cierto que, desde que un grupo de empresarios catalanes tomó las riendas, todo fueron palos en las ruedas. El nuevo accionariado, de empresarios que sólo eran de Cataluña, provocó que hubiese un rechazo y un boicot hacia Spanair”, dice a El Confidencial Ricardo Oso, presidente del comité de empresa de Barcelona, el más potente de la compañía.
Oso es delegado de la Unión Sindicalista Obrera de Cataluña (USOC) y lleva años metido en el negocio. “Estos días, muchas aerolíneas se apresuraron a decir que iban a acoger a los trabajadores de Spanair. Habrá que ver en qué queda todo, porque una de las que más se ha significado en esto ha sido Vueling, la única compañía aérea que tiene sede en Barcelona. Pero Vueling fue, precisamente, una de las promotoras de la denuncia ante Bruselas sobre las supuestas ayudas públicas que Spanair había tenido de las Administraciones. Y esa denuncia fue un factor clave para que Qatar Airways no la comprase finalmente y tuviese que cerrar. Entonces, que no venga ahora de salvadora diciendo que quiere salvar los puestos de trabajo.
El sindicalista se pregunta: “¿Porqué no hizo lo mismo denunciando a Ryanair, una empresa que tiene también cuantiosas ayudas públicas? Pero resulta que con ella no pasa nada”. De todos es conocida la opinión del presidente de Vueling, Josep Piqué, sobre su directa competencia, que era Spanair. Y también del que era propietario de Vueling, José Manuel Lara, que públicamente se quejó en varias ocasiones de la “competencia desleal” que suponían las ayudas del Gobierno a Spanair mientas que su aerolínea tenía que contentarse con sobrevivir a base de hacer números y rebajar costes.
Para el máximo representante de los trabajadores, “ahora Barcelona no tiene nada. Queda en manos de las low cost. Y eso sin olvidar el monopolio aeronáutico en la aviación española”, dice en referencia a Iberia. Oso añade que “desde que hemos comenzado esta etapa, en el 2009, ha habido intensas presiones para que la iniciativa no cuajara”.
El presidente del comité de empresa defiende la gestión que realizó la dirección de Spanair desde el año 2009. “No fue tan mala como se intenta hacer ver. Es cierto que ha habido una gestión deficiente por la forma de hacer las cosas, la forma de tratarnos. Pero ha habido, especialmente, un enorme error en la estrategia de la compañía”.
Lo que se debería haber hecho, subraya, es “haber apostado de golpe por una aerolínea competitiva. Si el Gobierno catalán quería hacer de Barcelona un hub [nudo de conexiones internacional], lo que se debería haber hecho es apostar desde el principio por ello, poner todo el dinero sobre la mesa y hacer una campaña bestia. Pero se equivocaron en la estrategia y fueron poniendo el dinero con cuentagotas. Ahora cinco millones, ahora diez millones... Una cosa así o se hace de golpe o no se hace”.
La estrategia de los gestores, para el presidente del comité no fue desacertada. En el año 2009 “se hizo una limpieza notable de rutas. Evidentemente, ahora hay rutas que son deficitarias, pero ésas son normales en cualquier compañía. Por ejemplo, a una empresa le interesa mantener líneas no rentables, donde viaja poca gente, para fomentar la conexión en un aeropuerto, en este caso Barcelona. O, dicho de otro modo,se han de mantener rutas deficitarias que se suplen con otras que son rentables. En ese sentido,no hay nada que objetar”.
La posición de la Generalitat
Lo cierto, sin embargo, es que Spanair está en la cuneta y a su alrededor comienzan a tejerse muchos intereses. El Gobierno catalán, por ejemplo, pedirá al Ministerio de Fomento que no multe con 9 millones de euros a a la aerolínea por dos faltas muy graves, al dejar tirados a sus pasajeros en todos los aeropuertos el pasado viernes, cuando decidió no hacer volar más sus aviones. La Generalitat se escuda en que la medida se tomó con pleno conocimiento de Aviación Civil, que depende del propio Ministerio. Y los partidos de la oposición pedirán explicaciones parlamentarias sobre la crisis. El Gobierno catalán, adelantándose a los acontecimientos, anunció ayer, por boca de su portavoz, Francesc Homs, que comparecerán en la cámara el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio y Movilidad, Lluís Recoder. Pero recordó que, antes que accionista, la Generalitat es “acreedora” de la compañía en el expediente de concurso de acreedores que ha presentado en los juzgados de Barcelona. Por algo facilitó créditos por 105 millones de euros durante los últimos tres años.
A través del consejero de empleo, Francesc Xavier Mena, la Generalitat citará los próximos días a la dirección de la compañía y a los representantes de los trabajadores, con el objeto de que el cierre se haga con los menores conflictos posibles.
Pero antes de ellos, comité y directiva se reunirán hoy a mediodía para hablar de la liquidación. En ella, los responsables de Spanair informarán por primera vez a la plantilla de los pormenores de la crisis y de la situación en que se encuentra la aerolínea. Los empleados han recibido 1.000 euros por barba como paga de este mes, pero no han cobrado el sueldo completo. Para la hora de la reunión, está prevista una concentración de trabajadores ante la sede central de la compañía, en la plaza de Europa de Hospitalet, con el objeto de presionar a la empresa. Además, se ha pedido ya permiso parauna gran manifestación en Barcelona que tendrá lugar el próximo 9 de febrero y diversas movilizaciones en los próximos días que irán en consonancia con el desarrollo de los acontecimientos.
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