El titular del juzgado mercantil número 10 de Barcelona y responsable del concurso de acreedores de Spanair, Juan Manuel de Castro, ha autorizado a los propietarios de los aviones que formaban la flota de la aerolínea catalana a recuperar esas aeronaves, aparcadas en los aeropuertos de Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca.
Como muchas compañías, Spanair mantenía un contrato en régimen deleasing y no poseía ningún aparato en propiedad.
Los primeros en reaccionar han sido los dueños de los Airbus 320 de nueva generación, Internacional Lease Finance Corporation (ILFC), que ya han iniciado la recuperación de sus activos. Aviación Civil ha otorgado un permiso especial a la multinacional para que su tripulación, formada por un piloto y un copiloto, vuele las aeronaves.
El primero de los Airbus despegó el mediodía del lunes desde El Prat con destino a Dublín (Irlanda). AENA prevé que los 12 aviones que Spanair dejó en Barcelona abandonen las instalaciones esta misma semana. Fuentes del sector apuntan a que probablemente esos modelos ya tendrán nuevo usuario, aunque no será ninguna compañía española. De momento conservan la matrícula pero es probable que se solicite una nueva numeración antes de ser reasignados.
Spanair pagaba alrededor de 300.000 euros al mes por cada Airbus y contaba con una quincena, después de las sucesivas reducciones de flota. Además de ILFC, SAS (accionista de la aerolínea al 11%), la japonesa Itochu, la sueca Volito, Royal Bank of Scotland y el banco alemán KFW, son arrendadores de Spanair. La compañía destinaba una máximo de 85 millones de euros a este concepto.
AENA, el principal acreedor
Esta operación de recuperación se produce simultáneamente al destape de AENA como uno de los mayores acreedores de la aerolínea. Tal y como avanzó Economía Digital, Spanair debe al administrador aeroportuario prácticamente 70 millones, según ha comunicado el ente público al juzgado. La compañía presidida por Ferran Soriano no habría pagado las tasas aeroportuarias de 2011, según fuentes próximas al concurso de acreedores.
El ERE, en marcha
Este lunes además han empezado las negociaciones para el expediente de regulación de empleo que culminará con el despido de toda la plantilla, alrededor de 2.700 profesionales. El juzgado pretende acortar los plazos para que los trabajadores puedan solicitar la prestación por desempleo cuanto antes.
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