Europa Press
El Gobierno ha aprobado sacar a concurso público los contratos de concesión de la gestión de los dos mayores aeropuertos españoles, el de Madrid-Barajas y el de Barcelona-El Prat, por un periodo de veinte años y un importe inicial total de 5.300 millones de euros.
Las empresas interesadas en competir por hacerse con estos aeropuertos deberán presentar antes del próximo 5 de septiembre sus solicitudes para participar en el proceso, junto con la correspondiente documentación que garantice su capacidad económica y técnica.
La licitación formal arrancará mañana sábado, con la publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado (BOE), toda vez que el proceso de privatización de estos aeródromos ha recibido la pertinente autorización del Consejo Consultivo de Privatizaciones.
En concreto, se sacará a concurso el 90,05% del capital de las dos sociedades gestoras de cada uno de estos aeropuertos. El 10% restante del capital de estas firmas quedará en manos de Anea Aeropuertos.
Las empresas que se hagan con estas sociedades deberán abonar un importe inicial de 3.700 millones en el caso de Barajas y de 1.600 millones, en el de El Prat. Posteriormente, tendrán que pagar a la Administración un canon anual equivalente al 20% de la facturación. Se estima que en 2012, este pago sea de 150 millones en el caso del aeropuerto de la capital y de 80 en el de la Ciudad Condal.
REQUERIMIENTOS.
En los pliegos del concurso, el Gobierno requerirá a las empresas que pujen por los aeródromos (en el caso de que lo hagan en solitario) que acrediten una experiencia previa en gestión de aeropuertos.
En el caso de agrupaciones o consorcios de empresas, el Ejecutivo exige que, al menos, uno de sus componentes cuente con dicha experiencia y tenga además una participación mínima del 20% del total de consorcio.
En concreto, deberán demostrar experiencia en gestión de aeropuertos o terminales de aeropuertos, o contar con una participación accionarial superior al 25% en firmas gestoras de aeroportuarios o en gestores de terminales aeroportuarias, con un tráfico total superior a veinticinco millones de pasajeros con datos de 2010.
Por lo que se refiere a la aptitud económico-financiera, las empresas interesadas deberán acreditar unos activos totales en balance por importe igual o superior a 3.000 millones de euros.
Aena Aeropuertos examinará la documentación que presenten todos los interesados y posteriormente invitará a participar en el proceso y presentar oferta a las empresas y consorcios que cumplan con los requisitos exigidos.
Para ello, el gestor público de aeropuertos les permitirá realizar una 'due dilligence' (estudiar los libros de cuentas) de los aeropuertos, en el que se describen todos los activos objeto de concesión, y el 'dataroom", que incluye toda la documentación operativa, técnica, legal y financiera que permita a los licitadores conocer la situación de la empresa.
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